Una acción sorpresa, que realizó ayer la Policía, generó confusión en la Refinería Estatal de Esmeraldas. A las 08:30 ingresaron unos 20 agentes armados y vestidos con cascos y chalecos antibalas.
EL COMERCIO
El 23 de octubre se presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito. Pero no hubo investigación, según el abogado Díaz.
El año anterior, el juez González recibió un llamado de atención por dejar en libertad a tres colombianos detenidos por llevar 270 tanques de combustibles.
En septiembre fueron separados Milleer Quiñónez y otros dirigentes sindicales. Ellos interpusieron una demanda por despido intempestivo.
Según el jefe (e) de la Policía Judicial (PJ) de Esmeraldas, Andrés López, los uniformados actuaron acatando una orden de detención emitida por Samuel González, juez segundo de Garantías Penales de Esmeraldas.
Al parecer, fue el resultado de una investigación de la Secretaría de Transparencia de Gestión y la Unidad de Delitos Energéticos, por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Hasta el mediodía fueron detenidas seis personas. Según un uniformado, que prefirió el anonimato, se les entregó una lista con 16 supuestos implicados que debían ser detenidos.
También dijo que dos trabajadores de la REE fueron detenidos en La Libertad y en Quito y que eran trasladados a Esmeraldas para su juzgamiento.
El operativo, sin embargo, dejó dudas. Leonidas Díaz, abogado de varios detenidos, aseguró que se cometió una serie de irregularidades. Una de ellas, dijo, fue que no se les informó la razón por la que fueron apresados ni se les leyeron los derechos constitucionales. “Fueron capturados en sus lugares de trabajo y se les condujo a las instalaciones de la PJ, sin decirles una palabra”. Familiares de los procesados se acercaron a la PJ a conocer detalles.
Otra cosa que le llamó la atención fue que las supuestas boletas de captura, firmadas a nombre del juez González, fueron redactadas en papel simple y no membretado del juzgado.
En los papeles se solicitaba (a la Policía) la localización y detención de los presuntos implicados, de conformidad con los artículos 164 y 165 del Código de Procedimiento Penal, a petición del fiscal Iván Ron, con fines investigativos.
Entre los detenidos consta Diógenes Cuero, ex gerente de la Unidad de Protección Ambiental de Petroecuador y actualmente miembro del Departamento Jurídicos de la REE.
Él considera que su detención fue una retaliación por las denuncias de irregularidades que ha hecho en contra la Armada Nacional que administra la planta.
Durante la tarde se realizó la formulación de cargos. El juez González prohibió el ingreso de la prensa. Incluso empujó con la mano a una cámara de TV y solicitó a la Policía sacar del juzgado a un periodista, que reclamaba que los procesos son públicos.
Ángel Valencia señaló que lleva 31 años en la refinería y que nunca ha tenido problemas. Dijo que le informaron que fue detenido para investigaciones.
El fiscal de Pichincha, Iván Ron, solicitó la prisión preventiva.
A juicio de Díaz, la única prueba del delito del que se les acusa a sus clientes era una hoja simple, sin respaldo de certificados bancarios, cuentas de depósitos...
Pese a todo, los supuestos implicados rendían su declaración.
Hasta las 18:00 continuaba el proceso judicial. Entre tanto, los representantes de la Secretaría de Transparencia de Gestión y la Unidad de Delitos Energéticos de Quito y de Esmeraldas mantenían un hermetismo total. Se presume que hoy continuarán las capturas de más sospechosos.
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