Teleamazonas

Por: Alfonso Espinosa de los Monteros
Gerente de noticias de Ecuavisa

http://www.eluniverso.com/2009/06/25/1/1363/9223B58065D74AA4B5D8EB5704B40F8E.html

A ver. Teleamazonas emite un reportaje con varias facetas sobre las fiestas de Ambato que incluye una imagen referencial a una corrida de toros efectuada. Según el Conartel viola un reglamento y la Suptel sanciona con 20 dólares de multa. Digamos que es una infracción sin mayor efecto, pero se escaló el primer peldaño hacia un cierre temporal, al menos. Hay que sumar tres. Después viene otra acción legal en la misma Suptel a causa de una transmisión en directo de la toma, por parte de políticos y candidatos, de un centro de cómputo al que los protagonistas acusaron de ser clandestino. Es el segundo peldaño, aunque creo que cualquier proceso en este caso, debió haberse dado en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, con el trámite respectivo, y no en la Superintendencia de Comunicaciones. En lo de fondo, Teleamazonas no transmitió “un supuesto” como se dice, porque nada puede ser más real que el ingreso de políticos a ese centro y sus denuncias de las que ellos son únicos responsables. Si hubo un exceso de parte del reportero que lo narró, no se altera lo de fondo, el acto político fue consumado por políticos y si ellos mintieron o no fundamentaron, ellos tendrían que responder. Pero, claro, no importa el mensaje, hay que sancionar al mensajero. Viene el tercer peldaño, con otro encausamiento en la Suptel, porque ese mismo canal toma los testimonios de pescadores preocupados por su supervivencia en la isla Puná, un hecho natural y necesario porque la “libertad de expresión es de todos”. ¿Verdad? Se dirá que el error fue no incluir una versión oficial en el reportaje, pero si se necesitaba el desmentido, la autoridad pertinente pudo haber recurrido al mismo canal para efectuarlo. Nadie quiso provocar una conmoción social, ni los mismos pescadores, peor el medio que transmitió sus declaraciones.

¿Puede decirse que estas son graves transgresiones a la ley? ¿O, simplemente, se buscan las tres sanciones para llegar a la suspensión o al cierre, según como quieran interpretar un reglamento? Entre paréntesis, según el mandato constitucional, para aplicar sanciones a los medios habría que esperar una ley que todavía no se ha hecho. La ley esgrimida quedó sepultada con la emisión de la nueva Constitución.

Si la sanción llega como todo el mundo teme, el Gobierno se habrá hecho acreedor a un estigma histórico por haber atentado contra la libertad de expresión. Esperemos que haya sensibilidad para no dar un paso en falso.

Los medios de comunicación han sido fundados por empresarios, porque alguien tiene que hacer las inversiones, pero lo han hecho a conciencia de que hay una función social de por medio y el diario juicio crítico del público. Por eso la comunicación y el mensaje se entregan a los periodistas y al ejercicio de la ética. Por eso existen comités editoriales y se diseñan líneas de acción y pensamiento. La responsabilidad va junto al ejercicio de cualquier libertad y eso sí lo sabemos en los medios, más allá de errores o descuidos eventuales.

Algo más. Si la Constitución es “una Constitución de derechos”, como dicen sus principios fundamentales, ¿por qué se quiere limitar o reducir el derecho del público a estar bien informado y el de los periodistas a informar?

Podría decirse que la intolerancia es extrema, pero hay algo más grave. En todo esto se siente un cálculo y una estrategia para repetir el mismo libreto de Venezuela, cerrar medios e imponer verdades únicas.