Por Editorial Diario El Comercio
Resulta difícil juzgar si la firma del decreto presidencial número 1793 fue consecuencia de la reflexión de un estadista o, simplemente, se hizo como una salida mediática a un problema mucho más grave que aún espera respuestas claras, pese a los esfuerzos del Primer Mandatario por disminuir el impacto político que provocaron las contundentes revelaciones periodísticas sobre los negocios de su hermano Fabricio con empresas públicas.
Más allá de la retórica presidencial al emitir el decreto que prohíbe a las entidades estatales contratar a empresas que operan en paraísos fiscales, lo que ha quedado claro es que con el decreto firmado el sábado el Ejecutivo puso en aprietos a miles de empresas proveedoras del Estado que nada tienen que ver con los problemas por los que atraviesa Fabricio Correa, con el agravante de que provocó una dura reacción del gobierno de Panamá, el cual advirtió que aplicará la Ley para dar trato recíproco a los países que discriminen a sus empresas.
La Cancillería ecuatoriana ha calificado como “inaceptable” esa respuesta panameña creyendo, quizás, que con eso se atenuarían las dimensiones de los exabruptos, pero al Gobierno Nacional le faltó entender que se ha desatado un nuevo problema como resultado de los crecientes excesos verbales y las decisiones intempestivas del presidente Rafael Correa. El decreto del Jefe de Estado implica, penosamente, legislar sin tener en cuenta la normativa vigente, en función de una coyuntura que perjudica su imagen, tanto así que lo hizo con un claro sesgo revanchista para afectar a la prensa que indaga el caso.
Pero una actitud como esa no resuelve el problema de fondo sino que, más bien, abre fisuras en la credibilidad del Mandatario y debilita el discurso de las “manos limpias” que tanto caló entre sus hasta ahora millones de simpatizantes.
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