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En la frontera norte, las mujeres refugiadas padecen otro infierno. Escapando de la violencia de los grupos armados colombianos se convierten en víctimas de organizaciones de explotación sexual.
45 mujeres de organismos sociales de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos y de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo de Colombia se reunieron para analizar la situación de la mujer refugiada. La cita empezó a inicios de semana en la población de Santa Rosa, en el norte de Sucumbíos.
Durante tres días conversaron sobre los males que soportan: la guerra armada en Colombia, los problemas económicos, el maltrato psicológico y físico que padecen y, sobre todo, la explotación que sufren por las organizaciones delictivas de trata de personas que operan en el país.
Un estudio de la Fundación Esperanza, que organizó el encuentro junto con Fundación Acción por la Equidad, revela que en el país
existen unas 25 000 víctimas de explotación sexual; de ese universo, el 70% es de Colombia.
“Las chicas colombianas que huyen de la violencia son sensibles para ser explotadas”, sostiene un oficial de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen), que investiga la trata en Ecuador.
Guillermo Rovayo, del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, señala que los casos de colombianas explotadas por trata de personas son constantes. “Lamentablemente, si uno recorre los clubes nocturnos de la frontera norte se dará cuenta de que la gran mayoría de trabajadoras sexuales es colombiana y que muchas son adolescentes engañadas”.
En los registros de la Dinapen hay un caso reciente de ese tipo de explotación. Luego de un operativo en el centro de tolerancia El Triángulo, en Ibarra, una mujer que trabajaba allí denunció que su hija fue llevada a otra ciudad y señaló que temía por su vida. La chica era menor de edad y fue encontrada en un burdel de la ciudad de Nueva Loja, en Sucumbíos.
Para Rovayo, la situación es delicada, pues muchas de esas víctimas de las redes de explotación sexual están en condiciones de ser acogidas como refugiadas y sus problemas se extienden a otras urbes, lejos de la frontera.
Él recuerda el caso de Doll House, en Quito, un cabaré de lujo del cual fueron rescatadas 23 colombianas que se encontraban sin documentos, eran forzadas a prostituirse y estaban en la lista para acceder al refugio.
“El drama que viven los refugiados es fuerte; no solo las niñas son explotadas, hay ancianos, personas con discapacidad; indígenas y afrodescendientes que sufren discriminación”, dice Rovayo.
Él reconoce que el Estado ha realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los foráneos que huyen de la violencia. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) estima que en el país hay 135 000 colombianos en necesidad de protección internacional y la mitad reside en las provincias del norte: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana (ver recuadro adjunto).
María Concha, una de las participantes del encuentro de mujeres en la frontera, piensa que una solución es socializar sus problemas y hacerlos visibles para toda la comunidad. Las mujeres se comprometieron a crear una red para velar por sus derechos.
Establecieron un acuerdo que plantea elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres en la frontera y levantar un banco de denuncias sobre violaciones y vulneraciones de sus derechos.
Asimismo, elaborar un documento con la información de las potencialidades y capacidades de las organizaciones en los sectores de derechos humanos, género, salud, nutrición, ambiente, empleo, producción y articulación binacional.
Por último, acordaron reunirse nuevamente y fortalecer la relación entre las mujeres ecuatorianas y colombianas.
Rovayo considera que es indispensable mejorar las leyes para cumplir todos los derechos de este grupo. Especialmente, su inclusión y aceptación dentro de la sociedad ecuatoriana.
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