»Libertad de expresión: ¿Un derecho universal en peligro?
http://www.eluniverso.com/2009/06/21/1/1355/61C97A3210FC41AB83FA9B629D7FF799.html
“Decir lo que se piensa”, “expresarse libremente”, “un derecho”, “ser democrático”... Los conceptos de la población sobre la libertad de expresión son diversos, pero la mayoría coincide al rechazar que un gobierno sancione a un medio de comunicación con su cierre.
Según una encuesta que efectuó Perfiles de Opinión, los consultados están de acuerdo con que los medios controlen las acciones de un gobierno y creen que debe aceptar las críticas.
¿Cuán importante es el derecho a la libertad de expresión y opinión en la vida de cada ser humano? Veinticinco personajes que fueron consultados por este Diario creen que “es fundamental” en países democráticos. Ellos son líderes gremiales, barriales y de grupos étnicos, académicos, artistas, humoristas y políticos de distintas tendencias ideológicas. Tener la libertad para expresar lo que piensan o sienten, a través de cualquier medio, es una base para las actividades en las que se desenvuelven en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Este precepto, promulgado el 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, es primordial para 25 personas de la sociedad ecuatoriana dedicadas a diferentes actividades, que fueron consultadas por este Diario.
Al igual que el 90,8% de 452 personas que en Quito y Guayaquil fueron encuestadas por Perfiles de Opinión, por solicitud de este Diario.
Consideran que la libertad de expresión es decir lo que se piensa, expresar sus ideas, decir lo que uno siente, expresarse libremente, poder expresarse sin restricción, decir lo que uno quiere, lo que expresamos sin miedo...
En el régimen actual ¿se respeta o no ese derecho? Es una interrogante con respuestas diversas. Unos han tenido que tramitar juicios por “faltar” a la majestad del Presidente; otros, que opinaron, se sienten ofendidos. Por las cárceles locales han pasado 17 personas que supuestamente gritaron o hicieron gestos al presidente Rafael Correa, quien según el 75,4% de los encuestados por Perfiles de Opinión, “no acepta críticas a su gestión”. En Guayaquil, el 80,4% opina así; el 68,5% en Quito. El 95,6% cree que debe aceptarlas. Y para el 63%, “es importante para la sociedad que los medios de comunicación controlen las acciones de un gobierno”.
A esas 17 personas se suman doce empleados públicos que en mayo pasado fueron detenidos por supuesto “escándalo y cierre de la vía pública, faltamiento de palabra y agresión a miembros policiales”, en Guayaquil. Uno, que protege su identidad, cree que fueron detenidos por mostrar carteles contra el Gobierno y afiches con fotos alteradas de Correa, que luego quemaron.
Entre los comunicadores, uno que se siente privado de la libertad de expresión es Carlos Vera, quien en abril pasado salió de Ecuavisa, de lo que se siente responsable por no haber entrevistado a una candidata gobiernista. “El canal suspendió mi programa por darle la razón”, dice; y, cuando tenía oportunidad de firmar contrato con Teleamazonas, “(Correa) les mandó una señal clara de represión y el canal frenó todo”, asegura Vera, quien ahora aparece en un “canal” en YouTube, porque dice que “hay otras formas de responder”.
Él cree que el Gobierno le quitó su libertad de informar desde junio del 2008, cuando prohibió que los funcionarios oficiales acudieran al programa ‘Contacto Directo’, y cuyo contenido, como el de otros medios, es analizado por entidades estatales, aunque el Gobierno lo ha negado. Así conocen si se publican temas o programas del régimen a favor, en contra o neutros.
Para Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, es un error querer un pensamiento hegemónico: “Lo de fondo no es si se cierra o no un canal, sino el mensaje que se da a la ciudadanía de sacar del aire a un medio que, a juicio de un sector de poder, no está en su línea”.
Un ente que hace mediciones es la Subsecretaría de Información, que depende de la Secretaría de la Administración Pública y Comunicación, que dirige Vinicio Alvarado. Otro es la Secretaría de Transparencia de Gestión, que “evalúa” espacios de entrevistas en canales y radios, aunque no es su función.
“Fue idea mía (audio en la web www.eluniverso.com), porque veo televisión y oigo radio”, dijo el secretario de Transparencia, Alfredo Vera. Se suma la Superintendencia de Telecomunicaciones, que pide a los medios listas de sus empleados.
El primer medio sancionado por el Conartel (Consejo Nacional de Radio y Televisión) fue Teleamazonas, multado con 20 dólares por pasar imágenes de corridas de toros en horario familiar (antes de las 21:30); además, tiene dos expedientes: uno por la cobertura de un supuesto centro de cómputo clandestino en el norte de Guayaquil, y otro por difundir un reportaje de los posibles impactos de la exploración de gas en la isla Puná (Guayas) en la actividad pesquera.
César Ricaurte, director de Fundamedios, rechaza que se cierre un medio por supuestamente no verificar una información. “¿Qué significa? ¿Que no se puso la verdad oficial?”, pregunta. “Probablemente cometió un error, no fue eficiente, pero eso no justifica un cierre”, expresa.
Para él, el medio puede tener una línea ideológica, “tiene toda la potestad.
Creo que lo que importan son las audiencias, el televidente, el lector. La gente se da cuenta, es inteligente y decide qué hacer con ello”, añade.
Teodoro Bustamante, profesor de la Flacso e investigador, cree que lo que ocurre entre Teleamazonas y el Conartel es un absurdo. “El error, si lo hay, hay que repararlo. Cerrar discrecionalmente un medio es infamia”, dice, y critica que se quiera aplicar una ley aprobada en la dictadura, la que en el artículo 58 prohíbe “transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o públicas”.
Hernán Reyes, profesor del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Central, piensa diferente. Para él existe una ley que el Conartel tiene que aplicar. “Podríamos discutir si tiene que reformularse (la ley), pero es la que existe. Un medio debe ser objeto de sanción, si incumple”, dice.
Al respecto, el vicepresidente Lenin Moreno ha dicho: “Pienso que (Teleamazonas) ameritaba la sanción, pero que también el Conartel debe ser lo suficientemente tolerante como para que la sanción no sea una sanción severa, que afecte la comunicación, que afecta el normal desenvolvimiento del canal”.
Una opinión similar tiene la legisladora María Paula Romo (PAIS). “Mi temor sobre los riesgos que esta discrecionalidad conlleva se ha ratificado en estos días cuando las prohibiciones se amplían inclusive a caricaturas (¡Los Simpsons, por favor!). Personalmente considero que para una democracia es sano escuchar diversas opiniones”, expresó a través de una carta.
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