La sanción contra dos medios, el día en que debía debatirse la Ley de Comunicación, echa sombras sobre el ejercicio de los derechos en el país.
Por Editorial Diario El Comercio
La suspensión de la cadena Teleamazonas y la clausura de radio la Voz de Arutam, de la comunidad amazónica Shuar, son un duro golpe para la democracia, no solamente porque la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones es, más allá de los justificativos legales, una expresión de prepotencia por parte de quienes manejan el Estado sino, fundamentalmente, porque este gesto del poder político pone en riesgo la libertad de expresión en el Ecuador.
También es preocupante la decisión porque se ejecutó justamente el día en que la Asamblea Nacional, basada en un inédito acuerdo entre oficialismo y oposición, debía iniciar el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en busca de una normativa democrática y consensuada que pudiera acoger las inquietudes y necesidades de la mayoría de sectores interesados en el tema.
Las consecuencias políticas y sociales pueden ser graves. Primero, podría deshacerse el acuerdo legislativo que tanto esfuerzo había costado armar. Segundo, queda en evidencia la fragilidad de un consenso en torno al futuro Consejo de Comunicación, cuyas competencias incluirían acciones como la de ayer. Y, tercero, lejos de simpatizar o no con los medios sancionados, habrá muchos ciudadanos que verán una peligrosa señal de intolerancia de un Régimen que durante tres años ha venido socavando
las bases de credibilidad y reputación de la prensa no gobiernista.
Por su irrestricta defensa de los derechos humanos y del libre ejercicio del periodismo, este Diario rechaza de manera clara y categórica la decisión del organismo estatal y se solidariza con los trabajadores, empleados y directivos de los medios sancionados.
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