Eran las 08:21 del jueves 12 de abril pasado y un bajón de energía en la refinería más grande del país: la de Esmeraldas, sorprendió a quienes laboran en esa planta. “Fue tan fuerte que se fue toda la refinería. No hubo energía ni para un foco”, relata uno de los trabajadores que había acudido a su puesto desde temprano.
“Esa mañana dos turbogeneradores estaban en mantenimiento, o sea fuera de servicio, pues estamos cambiando el sistema de MAC 5 a MAC 6. La refinería estaba trabajando con el Sistema Nacional Interconectado”.
Muchas unidades quedaron fuera de funcionamiento por el apagón: la de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) –la cual produce diésel, gasolinas y gas licuado)–, la CCR –de nafta e hidrógeno–, HDS –de diésel premium–. También a la unidad de gas combustible U, y U1. Asimismo a la Unidad recuperadora de azufre S y a la Unidad de aguas amargas Z2, describe el testimonio.
El resultado final del evento: siete días de paralización total de la refinería más importante del Ecuador, que procesa 97 mil y 105 mil barriles de crudo por día, dos y hasta cuatro veces más que las otras (La Libertad y Amazonas). Y en consecuencia: cero producción de gas, naftas y de diésel premium durante esa semana.
Sobre cuál fue el origen de la falla, varios de los organismos responsables encontraron la culpa en el otro.
Para las autoridades de la empresa pública Petroecuador, el problema se registró en el Sistema Nacional Interconectado. La también estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que se encarga del transporte de energía eléctrica en el país y abastece desde ese sistema a la refinería, admitió que hubo una falla transitoria en la línea de transmisión de Winchele-Rocafuerte de 69.000 voltios, bajo operación de la distribuidora CNEL Regional Esmeraldas. Sin embargo, aseguró que la falla fue eliminada “adecuadamente” y no se produjo ninguna desconexión en la subestación Esmeraldas.
Mientras que autoridades de la refinería dijeron que la causa fue un problema externo a la planta.
Sin embargo, tras el percance, el lunes pasado los involucrados: Refinería, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Esmeraldas, Transelectric (Unidad de Negocios de Celec); Worley Parsons, HMyM y General Electric tuvieron una reunión oficial en la cual se pueden obtener pistas de lo que pasó realmente. En la memoria de esa reunión, CNEL Esmeraldas se compromete a “incrementar los niveles de voltajes los cuales están por debajo del valor nominal”.
También es cierto que la refinería no cuenta con los respaldos necesarios para enfrentar una baja de voltaje. La situación es más preocupante si se toma en cuenta que dos percances parecidos ya se habían producido, pero que no trascendieron a la opinión pública, informan técnicos de EP Petroecuador.
Pero, ¿por qué la mayor refinería del país no tiene respaldos de su sistema eléctrico?
El problema es que durante la administración de la Marina, que duró desde el 28 de noviembre del 2007 hasta el 30 de julio del 2010, se eliminó del programa de la Rehabilitación, el tema eléctrico, pese a que es vital. “Estaba contemplado el adquirir los respaldos, pero los marinos lo quitaron”, asegura una fuente de la empresa pública petrolera.
Efectivamente, en un informe del 12 de febrero del 2010 técnicos de la empresa relatan cómo se tomó la decisión de “disminuir el alcance de los trabajos de esta fase del proyecto de Rehabilitación” y se eliminaron los proyectos o paquetes de trabajo que eran ruta crítica como “equipos críticos WP01-11 en la Subestación E y D, referentes a la parte eléctrica de refinación”.
Para la fuente de Petroecuador, hubo falta de criterio al momento de decidir la eliminación de esta etapa de la rehabilitación. “Si era para ahorrar dinero, de nada sirvió, pues ahora estamos sufriendo el costo”, con la falta de producción. Ante eso y para evitar desabastecimiento, lo más lógico es aumentar las importaciones, lo cual es un costo alto para el país.
En la refinería, los trabajadores aseguran que el problema se pudo haber evitado si hubieran las protecciones que entren automáticamente cuando se cae el voltaje.
También piensan que no se debió haber sacado de funcionamiento los dos turbogeneradores a la vez. “Lo normal sería que nosotros como refinería entreguemos energía a la ciudad”, dicen.
Tras la falla y la paralización de la planta, Petroecuador aseguró que la situación no afectará, “en lo absoluto, la entrega normal de combustible para el consumo interno, ya que el sistema de almacenamiento de derivados cuenta con las reservas suficientes para atender la demanda”, al menos por veinte días.
Pese a ello, esta semana en Quito se sintió desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP). Para mañana la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) ha organizado un operativo para vender directamente el gas.
Y así evitar inconvenientes a consumidores como Manuel Collahuazo (37 años), quien el jueves pasado –a una semana del paro forzado de la refinería de Esmeraldas– recorrió los barrios de Guajaló y San Bartolo, ubicados en el sur de la capital, para comprar gas para su casa, pero en ninguna distribuidora halló el combustible. Un amigo le contó que en el barrio Nueva Aurora, también en el sur, se estaba vendiendo a $ 5. Pero él prefirió esperar a que su cilindro se agotara totalmente, antes de pagar el exceso de precio (el oficial es de $ 1,60). Muchos otros ciudadanos sintieron la escasez de gas en Quito.
El gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, reconoció ese problema, pero para él la paralización de esa planta no ha incidido en la escasez de GLP.
Situación: Crisis y rehabilitación
Informe de alerta
En el 2008, un informe sobre las inversiones públicas de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) confirmaba que “la refinería de Esmeraldas está a un paso del colapso”, que necesitaba tener continuidad en su operación y capacidad de procesamiento; mejorar la seguridad en sus instalaciones, controlar las emisiones gaseosas y motivar al personal. Por falta de recursos no se habían podido cumplir los planes de rehabilitación.
Plan de estabilización
En el 2011 se trabajó en un proceso de estabilización en el que se habían gastado unos $ 600 millones y llegaría a $ 855 millones hasta el 2014.
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