Por: Guillermo Muñoz T.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sustenta en el artículo 81 de la Constitución de la República, misma que garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por la Ley.
Es obligación de todo funcionario público, de manera exhortante a gobernantes de elección popular, publicar todos los actos, contratos y gestiones realizadas en función del interés público. De igual manera, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también establecen y reconocen tal obligatoriedad como un derecho legítimo a la libertad de acceder a la información.
Desde la realidad nacional y particularmente desde el escenario local, las prácticas de incumplimiento y violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dejan mucho que decir, la restricción o reserva informativa en las instituciones públicas y en aquellas de modalidad mixtas que manejan fondos públicos y privados, mantienen políticas contrarias y arbitrarias que atentan al derecho ciudadano de estar debidamente informados y de ser parte activa en los procesos democráticos del cantón, provincia y país.
En la mayoría de casos, la información se ha convertido en “secreto de estado”, que nadie tiene derecho a acceder a la información pública. Ejemplo: en municipios o prefecturas, los concejales y ex consejeros en otrora, principalmente del sector de oposición y en algunos casos del mismo bloque de mayoría oficial, no tenían derecho a conocer o acceder a documento alguno, peor los comunicadores sociales (la prensa), inclusive se rayaba en el irrespeto a la correspondencia por órgano regular, porque jamás respondían o contestaban a las múltiples solicitudes emitidas a los titulares de los gobiernos seccionales, llegando a ciertos casos extremos, que ni siquiera a los de mayor jerarquía como los ex congresistas, hoy asambleístas, y a los mismos funcionarios de la Contraloría General del Estado, les daban fácil acceso a la información.
Qué decir a nivel nacional, cuando la oposición en la Asamblea Nacional, ha señalado que la labor fiscalizadora no tiene eco, que se encuentra secuestrada y por ende está restringido el acceso a la información pública en la mayoría de instituciones del Estado, especialmente cuando se pretende investigar las denuncias de supuestos actos de corrupción, casos como, los numerosos contratos realizados sin licitación pública y justificados por las declaraciones de estados de emergencia por parte del ejecutivo en las diferentes áreas.
La transparencia pública es una prioridad cultural que debe empezar con el ejemplo práctico de funcionarios y gobernantes, utilizando los avances tecnológicos del internet, donde la ciudadanía realmente en la práctica tenga acceso a la información y se convierta en un verdadero participante democrático y veedor cìvico en los procesos de la cosa pública, cumpliendo y respetando la Constitución de la República y las Leyes.
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