La Sala de admisión de la Corte Constitucional aplicando las normas establecidas en la Ley, dispuso la suspensión de la ejecución de la orden de embargo que existía en las cuentas que el Gobierno Provincial de Esmeraldas mantiene en el Banco Central y otra entidad bancaria, por la suma de USD 4,521.945.00, en virtud que la decisión del ex Inspector Provincial del Trabajo, Abg. Fernando Saldarriaga (ejecutor del fallo), no era susceptible de recurso alguno.
La decisión tomada por los miembros de la Corte Constitucional, fue otorgada ante la acción extraordinaria de protección presentada por la Ingeniera Lucia Sosa, Prefecta de Esmeraldas, en la misma que expresa su insatisfacción por la vulneración al derecho de la tutela efectiva e imparcial de la justicia mediante la cual, por medio de un amañado peritaje se perjudica económicamente a la Institución Provincial, provocando la paralización de los frentes de trabajo, siendo que ésta resolución se aplicó con el propósito de beneficiar a cierto grupo de obreros cuya única tarea ha sido alimentar el piponazgo y corrupción, por cuya “ acción”, pretendían cobrar abultados valores de subsistencia y viáticos.
Al enterarse de esta resolución el pueblo esmeraldeño, especialmente los dirigentes campesinos manifestaron su satisfacción, indicando textualmente que entre las tinieblas por fin brillo la justicia a favor del pueblo y las comunidades, quienes durante los cuatro años de administración de Lucia Sosa, han sido beneficiados en gran medida con la obra pública.
De su parte la Prefecta Lucia Sosa, ratificó su radical decisión de continuar defendiendo los recursos que están destinados para intervenir a los 8 cantones, tal como ha sucedido en su primer período administrativo que está por concluir.
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