Por Marco Arauz Ortega
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La amistad es un valor que se aplaude, sobre todo cuando se mantiene pese a que existen evidencias de que el amigo cometió un error grave. Pero expresar públicamente esa lealtad incondicional cuando uno es Presidente, y además goza de popularidad, tiene sus complicaciones. En ese caso, el veredicto de inocencia influye inevitablemente sobre la acción judicial. Los ex funcionarios Raúl Carrión e Ignacio Chauvín son dos personajes que gozan de una poderosa amistad y que en tal virtud han sido absueltos al margen de lo que diga la justicia, pues el presidente Rafael Correa ha dicho que el primero no tiene nada que ver con las acciones flagrantes de los funcionarios de su confianza, y que el segundo no tiene relación con las acciones de sus amigos, aunque estos sean investigados por narcotráfico.
Dentro de esas curiosas acepciones de amistad, es inevitable hacer notar que la principal obligación de un funcionario público -empezando por el Presidente y terminando por el más humilde subsecretario- es tomar las precauciones para que nada malo ni sospechoso suceda en su entorno, ni con el manejo del dinero público ni con la seguridad del Estado.
¿Por qué hablar de estos temas cuando parece haber un beneplácito generalizado sobre la manera en que el Gobierno maneja la confianza pública? ¿Por qué criticar que el Presidente permita que un ex funcionario use los medios incautados por la AGD como si fueran propiedad del Estado, o más bien dicho del Gobierno, para autoexculparse de las acusaciones sobre posibles vínculos con la guerrilla de las FARC?
Porque ya llevamos dos años y medio de revolución ciudadana y no se notan cambios en la conducta política. No solo no hay transparencia en la información sobre el uso de los dineros públicos, sino que se repiten viejos esquemas de acumulación del poder, aunque se trate de supuestos propósitos edificantes. En cuanto al irrespeto a las reglas electorales, es asombroso que este no se haya limitado a la campaña, sino que se haya querido imponer la influencia del entorno presidencial para voltear algunos resultados.
Es verdad que el Gobierno ha puesto gran énfasis en la salud y la educación públicas, y que en este momento parece jugarse el todo por el todo para terminar con la actitud retardataria del sindicalismo del magisterio. También es cierto que ha trabajado para profundizar la cultura tributaria, al menos en el sector formal.
Si bien los cambios toman tiempo, en la conducta colectiva no se ven progresos: no somos más solidarios ni más respetuosos, seguimos comprando películas y discos pirateados, y desde la esfera pública se sigue privilegiando la acumulación del poder. Viendo hacia delante, hay fundadas razones para sospechar que las libertades de expresión y de opinión seguirán restringiéndose. ¿Es sensato entonces hablar de revolución?
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