Al cumplirse 18 de años de la declaración del 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la conmemoración en el país ocurre en medio de una pro
puesta del Gobierno para regular y restringir a los medios y una prensa que reivindica la autorregulación para evitar cualquier tipo de censura.
En sus 4 años en el poder, el presidente Rafael Correa ha logrado armar un grupo de medios -llamados oficiales o públicos-, que están a su servicio y ha identificado a los privados como opositores políticos.
Así, mientras en sus intervenciones pide a la gente que compre El Telégrafo o que lea El Ciudadano, el mandatario ha calificado a los periodistas que no están alineados con la revolución ciudadana como corruptos, mentirosos, mediocres, manipuladores, sinvergüenzas, conspiradores, sicarios de tinta... Esta retórica tomó fuerza durante la actual campaña para la consulta y el referéndum, que entre sus diez preguntas incluyen dos relacionadas con la prensa: la primera busca restringir el ámbito del negocio de los medios y la segunda, regular los contenidos y establecer nuevos criterios de responsabilidad ulterior.
“Los corruptos no están en la revolución ciudadana, los corruptos están en la prensa; sinvergüenzas que siempre han querido manejar este país y ahora tratan de conspirar”, dijo Rafael Correa en su enlace del 12 de febrero pasado.
Pero los insultos y las descalificaciones no son todo. En este año, demandó por $ 10 millones a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, porque ellos sostienen que sí conocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Estado.
Días después anunció una demanda penal, que suma $ 80 millones, en contra de los directivos (Carlos, César y Nicolás Pérez) y del editor de Opinión de EL UNIVERSO (Emilio Palacio), quien escribió el artículo titulado “No a las mentiras”, que cuestiona el papel del presidente en los hechos del 30 de septiembre. “Eso va a marcar un hito en la historia”, señaló Correa sobre el juicio.
Otros funcionarios han asumido la posición del mandatario como suya. El pasado 11 de abril, el presidente del Consejo Electoral, Omar Simon, expulsó de una rueda de prensa al reportero Paúl Romero, de este Diario, señalando que este le resultaba “insoportable”. “Hay tonos que no puedo tolerar”, dijo en ese entonces. Los periodistas Félix Narváez, de Ecuavisa, y Freddy Paredes, de Teleamazonas, también tuvieron altercados con Simon por formularle preguntas que molestaron al titular del CNE.
Según la organización Fundamedios, este funcionario dijo en Radio Democracia que “esa gente... cree que un micrófono y una grabadora les da patente de corso para decir cualquier cosa. Que agradezca el periodista que no le hice sacar a patadas de mi oficina por malcriado”.
El 25 de abril pasado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, a cargo de Fernando Alvarado, decidió no renovar las acreditaciones para los reporteros y fotógrafos de EL UNIVERSO, porque supuestamente no había corregido una información de diciembre del 2010. Con ese argumento, el pasado 25 de abril, la reportera asignada a esa fuente, Sugey Hajjar, fue sacada de la Casa de Gobierno por el oficial de la escolta presidencial, Guillermo Guerrero, y el funcionario, Francisco Jibaja.
Correa justificó a Alvarado: “Tenemos todo el derecho de no renovar una credencial”.
Al día siguiente, el 26 de abril, Pedro Delgado, presidente del Fideicomiso AGD-CFN, se negó a contestar una pregunta de la reportera Patricia Sandoval, de este Diario. Le respondió que “la Presidencia de la República emitió claramente la razón de por qué Diario EL UNIVERSO no puede ser atendido”. Luego de unas horas corrigió su versión y le echó la culpa de su “confusión” a la oficina de comunicación del Fideicomiso.
Sin embargo, Fernando Alvarado informó el miércoles 27 de abril, que nunca han dado esa orden y reconoció que este era un caso de censura previa.
Según Fundamedios, en el 2010 hubo más de 150 agresiones a la libertad de expresión y de prensa, y en lo que va del 2011 la cifra supera las 60. De estas, el 50% muestran agresiones ocasionadas por funcionarios públicos.
La Relatoría Especial para los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del 2010, manifestó su preocupación por las constantes cadenas y enlaces gubernamentales para descalificar e insultar a la prensa.
El Comité para la Protección de los Periodistas, la organización Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también han llamado a bajar las tensiones; pero Correa los ha criticado enseguida. A la SIP, por ejemplo, le dijo que se vaya “a mandar en la casa de abuelita”.
Normativa
Desde el 2009, el Gobierno ha impulsado una Ley de Comunicación que restrinja el trabajo de los periodistas y de los medios privados, pero no logró el respaldo de los asambleístas. Ahora intenta crear un consejo de regulación en la consulta popular.
Medios oficiales
Los medios públicos, oficiales e incautados han cerrado filas a favor del Gobierno y son la plataforma de propaganda de la revolución ciudadana.
Percepción
Para el mandatario, la prensa es uno de los principales “problemas” para los cambios que se plantean en Ecuador y en América Latina.
